Fiscalía revela las pruebas que involucrarían al alcalde de Envigado

Fiscalía revela las pruebas que involucrarían al alcalde de Envigado

Fiscalía revela las pruebas que involucrarían al alcalde de Envigado

En la tarde de este jueves, unas horas después de que el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, fuera capturado por agentes del CTI en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la Fiscalía reveló algunas de las pruebas que involucrarían al mandatario con actos de corrupción.

Peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y falsedad material en documento privado son los delitos que se les imputarán a Cardona y a las otras 8 personas que fueron requeridas por las autoridades.

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Entre los capturados se destacan el secretario de Educación, Diego Echavarría; la jefe de la cartera de Hacienda, Gilersa Mesa; el  representante del Programa Computadores para Educar del MinTIC, Reynel Bedoya; el contralor municipal, José Conrado Restrepo; y el exconcejal Johnson Galeano. Además fueron aprendidos 3 particulares: Esteban Rodríguez Ruíz, Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, declaró que de acuerdo con las investigaciones, “los funcionarios habrían tejido un entramado de irregularidades en la Administración de Envigado para apropiarse de manera indebida de millonarias sumas de dinero”.

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Como primera evidencia el jefe del ente investigador se refirió a las posibles irregularidades en la adquisición de un predio ubicado en la vereda Pantanillo, de Envigado, el cual sería declarado como reserva ambiental. “En el trámite irregular habrían participado José Conrado Restrepo, contralor municipal; la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa; una comisionista, Marcela Quintero; y un particular, Camilo Andrés Correa, propietario del mencionado lote”.

De acuerdo con las pesquisas, que incluyen interceptaciones telefónicas, “un particular adquirió el lote por 50 millones de pesos y unas semanitas después fue comprado por la Alcaldía de Envigado con dineros de vigencias futuras por la suma de 1300 millones de pesos“.

La comisionista para la venta y la secretaria de Hacienda, según se escucha en el audio, declaran que hacen buen equipo “para robarse los dineros de los ciudadanos y la comisionista en otra llamada le informa a la secretaria de Hacienda que le ha consignado 398 millones de pesos en sus cuentas personales”, especifica el fiscal.

El segundo caso es el de la donación de unas tablets. Dentro de esta investigación se estableció que el contralor municipal presuntamente obtuvo una donación de tablets del programa Computadores para Educar, adscrito al MinTIC, y al parecer habría pactado que en contraprestación la Administración municipal contratara con una empresa de Pereira el mantenimiento de esos equipos por valor de 309 millones de pesos.

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“En total se entregaron 400 tablets a 12 establecimientos educativos de Envigado por un costo de 150 millones de pesos y el contrato de mantenimiento costaba más que los equipos”, aseguró el fiscal.

En uno de los audios revelados se escucha a la secretaria de Hacienda contándole al alcalde de Envigado algunos detalles de la donación de las tablets a cambio del contrato de mantenimiento:

En la rueda de prensa, el fiscal añadió que “este diálogo muestra algo que es espurio, es que la entrega de las tablets por parte del programa del MinTIC está condicionado a que le dieran el contratico de mantenimiento y no tienen la platica y ustedes oyen la respuesta que da el alcalde para que se pueda llevar a cabo esta transacción”.

En un cuarto audio revelado por el ente investigador, se escucha cómo el alcalde Raúl Cardona conversa con un particular sobre la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción, a quienes
presuntamente les cobraban entre 100.000 y 600.000 pesos mensuales.

Según el material el mandatario tendría conocimiento que un exconcejal exigía cuotas fijas mensuales de los sueldos a cada una de las personas contratadas. Se estableció además que lo mismo ocurría con algunos
contratos celebrados entre la Administración municipal y particulares.

Por Jessica Serna Sierra
gente@gente.com.co

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