Mendicidad infantil indígena en la calle 10
La Alcaldía y la comunidad Embera Katío en condición de mendicidad parecen no llegar a acuerdos sobre la presencia de niños durante sus actividades económicas en el espacio público.
Mendicidad indígena en compañía de menores de 2 años. Foto: Andrés Camilo Suárez.
Los Embera Katío provienen de la región del Alto de Andágueda en el oriente chocoano, un territorio fuertemente golpeado por la minería y el conflicto armado, del que han sido desplazadas muchas familias. A los indígenas de esta etnia que se encuentran en condición de mendicidad se les puede observar en la Avenida El Poblado, en la Transversal Intermedia y en la Avenida Regional, a la altura de las estaciones Aguacatala y Poblado.
En las noches, cuando los bares y discotecas de Provenza y el Parque Lleras se visten de luces y se inundan de personas, se concentran en la calle 10 donde, apoyados en la concurrencia del espacio, piden dinero a los transeúntes a cambio de su espectáculo callejero de bailes y música. Lo habitual para quienes visitan el sector es ver hondear, entre las postales de la fiesta, sus coloridas vestimentas; el fin de semana del 24 de febrero, sin embargo, no se les vio ni a ellas ni a sus niños en el paseo nocturno.
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¿Qué pasó con los acuerdos?
Luego de las protestas que protagonizaron en La Alpujarra el pasado 22 de febrero, los indígenas Emberá Katío y la alcaldía de Medellín parecían haber llegado a unos acuerdos sobre su retorno al resguardo. Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero invalidó el documento construido por integrantes de su propia administración.
¿La razón? su postura taxativa frente al punto más debatido y polémico de esta discusión: la concesión de permisos para que mujeres trabajen en el espacio público en compañía de niños menores de 2 años. Según cifras de la Personería Distrital de Medellín, de los 582 indígenas de esta etnia que se encuentran en situación de mendicidad, 245 son niños, niñas y adolescentes. No obstante, distintos informes hablan de 780 personas resguardadas en el coliseo Carlos Mauro Hoyos.
Solicitud de Autorización para Congelar la Tarifa de Servicios Públicos de
EPM al Señor Presidente de la República. pic.twitter.com/iZvNWohYTJ— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 24, 2023
Aunque el alcalde habla de “caciques indígenas”, para Claudia Ramírez Echeverri, concejal de Medellín, es un asunto un poco más complejo.
Tras la mendicidad indígena
La mesa de trabajo contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) de la que hace parte la concejal Ramírez, articula los esfuerzos de la Gerencia Étnica, la Policía Nacional, el ICBF y las Secretarías de Gobierno, Seguridad e Inclusión Social, para comprender y combatir esta problemática que no solo ataca a los niños y niñas Emberá Katío. Sobre sus hallazgos, Ramírez afirma que “hay organizaciones criminales ya instrumentalizando a los menores que ejercen la mendicidad en esta zona, muchas veces no son ni siquiera los indígenas, sino bandas criminales de acá que se están lucrando con ellos”.
Para Juanita Cobollo Vélez, directora de la Corporación Barrio Provenza hace más de 5 años, la instrumentalización de los niños Emberá es un asunto real. “No los cuidan, no me digan que un niño sin camisa a las 11 de la noche en un aguacero tiene una mamá que lo cuida. (…) Muchas los tienen estirando la mano a toda hora sobre la 10, para mí los utilizan, son la manera en que ellos crean pesar”.
Atención a indígenas albergados en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Foto: Esneyder Gutiérrez
Juanita le contó a Gente que, aunque a ella personalmente no le conste que el dinero que recogen las indígenas va a dar en manos de terceros, ella y otros comerciantes del sector “sí hemos notado una camioneta que deja tempranísimo a todas las indígenas”, testimonio que coincide con aseveraciones hechas por el alcalde en días pasados y los hallazgos recogidos por la Secretaría de Inclusión Social.
Es por esto, que sobre las mesas de bares y restaurantes de Provenza se leen folletos que dicen “Tu ayuda no ayuda”, como parte de una campaña de la Corporación que busca concientizar a sus clientes sobre el negocio que otros individuos hacen con sus limosnas.
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Muy de la mano con lo anterior van la opinión del comandante de Policía del El Poblado, Mayor Yesid Ladino, quien ha sido enfático en “la responsabilidad que tiene el comercio en la creación de actividades preventivas para ejercer una corresponsabilidad sobre este tema, quisiera hacer un llamado a todo el comercio general para que nos ayuden a generar canales de comunicación para que las personas que vienen de otras ciudades y países sepan que dar dinero a estas personas no está sirviendo”. También aseguró que, de comprobarse una actividad delictiva tras la mendicidad indígena en El Poblado, se judicializarán a los responsables.
Los asistentes al último consejo de seguridad de la comuna 14 estuvieron de acuerdo en que las problemáticas que se viven en la zona rosa no son nuevas ni funcionan de manera aislada e individual, y que la única manera de atacar el fondo de esta problemática es a través del fortalecimiento integral (movilidad, espacio público, etc.) del control sobre las actividades en determinadas zonas.
Claudia Liliana Uribe Mejía, abogada penalista y asesora jurídica del Resguardo Indígena de San Lorenzo, nos ofrece su lectura sobre el tema:
“Frente al tema hay dos escenarios muy importantes: uno de ellos el interés superior del menor, teniendo claro que los niños y niñas indígenas gozan de una protección reforzada en consideración a su particular condición de vulnerabilidad e identidad cultural, donde los principios de integridad cultural y no discriminación, constituyen una vía de interpretación transversal, un elemento para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de los Derechos de los Niños, Convenio 169 de la OIT .
En el caso de los niños, la existencia digna es de naturaleza holística, es decir, abarca su “desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social”, en particular los derechos a la educación desde una perspectiva etnoeducativa, el cuidado de la salud, el acceso a los servicios y recursos, como el agua y la alimentación, que constituyen los pilares fundamentales para garantizar a los niños el disfrute de una vida digna.
Todo lo anterior, aunado a la al segundo escenario que es la jurisdicción indígena como tal, teniendo en cuenta que indígenas poseen una identidad distintiva que los vincula con su tierra, cultura, idioma y religión. El reconocimiento de sus tradiciones y valores es cimiento de un Estado culturalmente diverso que le exige una protección especial que asegure efectivamente que se tomen en consideración sus particularidades propias.
Es allí, donde la Institucionalidad debe preguntarse por qué los indígenas se encuentran lejos de sus territorios, de su cultura y sus tradiciones y proteger a los menores con base al interés superior del menor; dada la responsabilidad que tienen los Estados de entregar una protección especial a los niños y niñas indígenas en razón de sus necesidades distintas derivadas de su pertenencia étnica, y mayor vulnerabilidad, especialmente de aquellos que viven en comunidades pobres, aisladas o que han sido despojados de sus territorios o se han visto afectados por conflictos armados”.
Por Alejandro Puerta Calle
alejandropc@gente.com.co