La Riviére está cansada de Airbnb
La vivienda temporal con fines turísticos ha traído múltiples molestias a los habitantes de La Riviére y otras urbanizaciones en El Poblado.
Vecinos de Ciudad del río han expresado su descontento ante las situaciones suscitadas por el alquiler de viviendas turísticas en sus urbanizaciones. Foto: Jaime Pérez.
Los problemas de convivencia que en ocasiones provocan los arriendos temporales de apartamentos a turistas a través de plataformas digitales no son un tema nuevo pero sí una problemática latente.
En los últimos días el tema ha vuelto a tomar fuerza debido al caso de la Urbanización La Riviére, gracias a las denuncias que ha proferido Claudia Ramírez, concejal de Medellín por el CD, quien ha acompañado a varias unidades residenciales con la misma problemática desde que hacía parte de la Junta Administrativa Local de la comuna 14.
Según Ramírez, las fiestas, el consumo de estupefacientes y licor y la prostitución se han vuelto de pan diario en Ciudad del Río.
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La ley lo permite
En Colombia es legal el arrendamiento temporal para turismo. Para arrendar un inmueble a través de plataformas digitales es necesario inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT). El punto en conflicto está en que en una copropiedad solo puede ofrecerse este servicio si está permitido en el reglamento de propiedad horizontal la prestación del servicio de alojamiento turístico.
Las unidades residenciales no suelen tener esta posibilidad en sus reglamentos. Habría que verificar en cada caso. Airbnb lo advierte en su página web: “Es importante que te asegures de que puedes compartir tu espacio. Algunas veces, existen restricciones en los contratos, la legislación o reglamentos de copropiedad que no lo permiten”.
Las unidades residenciales, en sus reglamentos de propiedad horizontal, se clasifican como copropiedades de tipo residencial, mixto o comercial, y definen a partir de cuánto tiempo se permite el alquiler temporal de viviendas. En La Riviére, por ejemplo, no se admite el alquiler de un inmueble por un término menor a 30 días.
Sin embargo, afirma Carlos Amaro, Administrador de La Riviére, los propietarios han aprendido a evadir al reglamento, por eso insiste en la necesidad de que cualquier arrendamiento superior a los 30 días debe contar un con visto bueno de la administración. “El problema son los arrendamientos que vienen disfrazados de 30 días o más, pero que resultan ser menos”, dijo Amaro.
Las administraciones de las unidades residenciales de Ciudad del río imponen multas a los propietarios que alquilan de manera irregular. Sin embargo, afirma la concejal Ramírez, el negocio es tan lucrativo que los propietarios no tienen problemas con pagar la sanción y seguir infringiendo el reglamento.
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Un problema de la zona
La magnitud del fenómeno de la vivienda turística en Medellín no es para nada despreciable. El Poblado, Laureles y Belén, encabezan la lista de los barrios en que más presencia hay de este tipo de alquileres. Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, en El Poblado hay actualmente 1.817 inmuebles para vivienda turística, en Laureles 1332 y en Belén 780.
De acuerdo con Victoria González, administradora de Parque Residencial Reserva del Río, la demanda de este tipo de vivienda es muy alta, sobre todo por parte de extranjeros, pero al estar prohibido en la copropiedad, controlan cuidadosamente el alquiler de apartamentos amoblados con requerimientos específicos que deben cumplir las agencias encargadas.
La situación los ha obligado a volverse estrictos con los requerimientos. Afirma la señora González que “desde vigilancia se maneja el listado de los apartamentos que alquilan amoblados, a estos se les solicitan copias del contrato entre el propietario y la agencia, y el contrato entre la agencia y los inquilinos donde conste que el periodo es mínimo de un mes y a eso se debe adjuntar los documentos de identidad de los inquilinos quienes serán los únicos autorizados para ingresar”. Si el inquilino se va antes de finalizar el mes, aclara la administradora, no se permite que ingrese un nuevo inquilino hasta pasado ese periodo.
Las medidas a tomar
La urbanización La Riviére ha tomado varias medidas para hacer frente a la situación: señalética en zonas comunes, avisos en su página web, multas por incumplimiento, entre otras.
Señalética en los ascensores de la urbanización La Riviére.
Finalizando el mes de marzo, la policía nacional realizó un operativo de control y prevención en compañía de la comunidad y la administración de la Urbanización La Riviére. Esto con el fin de verificar que esos apartamentos que son alquilados temporalmente con fines turísticos sí cumplieran con las condiciones y requisitos que exige la norma para su funcionamiento.
Según Ramírez, de los 21 apartamentos visitados ninguno había sido contratado por 30 días o más, ni contaban con Registro Nacional de Turismo. Sin embargo, al finalizar el operativo, el primero de los apartamentos visitados ya contaba con un RNT, lo que significa. según la concejal, que no hay un control estricto sobre los mismos.
“Cualquier persona saca un registro de turismo muy fácil. ¿Cuál es el control de esos registros? ¿Por qué se otorga ese permiso a personas que arrendan en unidades de uso exclusivamente residencial?” pregunta la concejal, para quien también es necesaria la acción de la secretaría de gobierno y la subsecretaría de turismo en el control de los permisos y la aplicación de sanciones.
Carlos Amaro, por su parte afirmó luego de realizado el operativo que es el primero de una serie que se realizarán en aras de demostrar una postura taxativa de la administración frente a esta práctica. Para él, la problemática está relacionada con la proliferación de otras fuera de las urbanizaciones como la inseguridad, el expendio de droga y la mendicidad, que aparecen tras la llegada masiva de turistas.
De los 388 apartamentos que tiene actualmente la urbanización La Riviére, cerca de un 10% están siento utilizados para prestar el servicio de vivienda turística. Actualmente, se están construyendo nuevas torres en la copropiedad y se espera llegar a 1000 unidades de vivienda. Según cuenta el administrador, han intentado presionar a Coninsa, la constructora a cargo de la obra, para que advierta a los compradores que los apartamentos que se ofrecen son de uso exclusivamente residencial, ya que muchos piensan en comprar para alquilar, compran como una inversión.
Por: Alejandro Puerta Calle
alejandropc@gente.com.co