
La 33 y la 70, puntos de discordia por el ruido
Los comerciantes también se organizan para cuidar su sueño. Ascom 33 y Aso 70 son las asociaciones encargadas de velar por que los establecimientos para la rumba de estos sectores cumplan con lo exigido por las autoridades, como no exceder los 65 decibeles en la noche, y así evitar sanciones económicas o cierres por parte de la Policía. No se puede dejar a un lado que dentro de sus labores está el de mantener una buena convivencia con los vecinos que residen cerca de estos sitios.
Y, ¿qué hacen? Por un lado está la asociación de comerciantes de los establecimientos nocturnos de la avenida 33 y sus aledaños, quien, según su director, Juan Carlos Flórez, está funcionando cerca de hace 10 años. “Lo que hacemos es ser la relación con el Estado, entre ellos la Alcaldía y la Policía, y también la relación de convivencia con los vecinos”, dijo.
Ascom 33 cuenta con 60 establecimientos afiliados, pero no están en sus cuentas los que se quedan por fuera y no acatan las medidas que ellos implementan, principalmente con los vecinos. “Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo con los vecinos que lo consideren, que nos pongan sus dudas y quejas y nosotros con los establecimientos afiliados vemos cómo subsanar las fallas o lo que esté fuera de la norma. Todos somos habitantes de este sector y estamos para escucharlos”, asegura Flórez.
A diferencia de Ascom 33, que, según nos explicó su director, no hace brigadas ni intervenciones por el estilo, más que acatar lo exigido por las autoridades, como tener los papeles al día, la prohibición del ingreso a menores de edad, un volumen a niveles permitidos, los autorización de usos del suelo, derechos de autor, no exceder la hora de cierre, entre otras regulaciones, en Aso70 sí buscan otro tipo de mecanismos aparte de estos para mejorar la convivencia.
“No queremos quitarles la tranquilidad, por eso creamos brigadas, que consisten en que los dueños de los sitios deben tener una persona estable, sea el DJ, el administrador, para que se encarguen del control del ruido a través de sonómetros y otros limitadores acústicos”, señala la presidenta de Aso 70, Betty Olaya.
A esta asociación pertenecen 90 establecimientos y se quedan por fuera cerca de 30. Por ello, a muchas de las actividades que realizan se invitan a las autoridades locales y la administración pública, según explica Olaya, para que no haya abuso frente a la insonorización.
“Con estas brigadas en las que se cuenta con un ingeniero de sonido, queremos que la comunidad nos acompañe y sea nuestra veedora”, dice. “No podemos desconocer que el tema del ruido es una tema complejo que ha fracturado la relación entre residentes y comerciantes. Sabemos cual es nuestra responsabilidad y debemos persistir en ser juiciosos en la autorregulación del ruido, ya que la tranquilidad del residente se ha visto afectada”, puntualiza.
¿Qué dice la Policía?
Con el Nuevo Código de la Policía, el comandante de las estaciones asume ciertas tareas que le correspondían a las inspecciones. En el caso de Laureles Estadio, están bajo el cargo del mayor Johan Ortiz, comandante de la estación de Policía de la 11, quien dice que, aunque “a estos establecimientos no se les puede cobrar sanciones económicas hasta junio, (que es como está pactada la implementación), sí se nos autoriza a clausurarlos temporalmente”, afirma. “En vez de sanciones, estamos haciendo campañas pedagógicas con sonómetros en lugares donde la comunidad llama la atención. Esto no lo exige el código, pero queremos socializar primero”, asegura Ortiz. Por ahora, las intervenciones que se han hecho solo han sido en la 70 porque comerciantes y residentes han estado prestos a realizarlas. La idea es implementarlo en otras zonas de ruido en la comuna, como la 33, por eso hace un llamado a los vecinos y los dueños de los sitios a que participen.
Sigue sin ser suficiente
“Es mejor ocultar mi identidad, porque conozco gente que ha sido intimidada con comentarios ofensivos, pero esta situación es un infierno”, dice una vecina preocupada.
“Se han hecho muchas cosas al respecto, hasta derechos de petición a todas las entidades correspondientes. Lo primero es la ciudadanía y más cuando esa ciudadanía estaba primero que ellos, porque si fuera solo la bulla… pero esto trae drogadicción, borrachos, basuras, inseguridad, invasión al espacio público…” sostiene.
“Los dueños de estos establecimientos ven como suyo el territorio. La rumba no debería estar cerca de la vivienda familiar; que se ubiquen en otro lado, a las afueras de la ciudad”, concluyó una de las vecinas de una de las zonas de rumba de la avenida 33 y quien fue parte de un movimiento que se gestó en esta zona en contra de la rumba
Por Yéssica Petro Escobar
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