A buscar alternativas para empacar el mercado
Desde inicios de julio los supermercados comenzaron a cobrar el impuesto por usarlas. Conozca más sobre este tributo y vea cómo lo recibieron sus vecinos.
Al llegar a la caja del supermercado, Jairo Colorado saca una bolsa de tela y se la entrega a su hija para que comience a empacar los productos que pasan por la registradora. Al mismo tiempo abre su mochila para guardar también allí las compras y solicita una bolsa plástica para cargar lo que le queda faltando.
Este vecino de La Palma asegura que comenzó a racionalizar el uso de bolsas desde antes de que entrara a regir el impuesto, el pasado 1.° de julio, y aunque es consciente de que lo hace con fines ecológicos, dice no estar de acuerdo con que se hayan tomado medidas económicas para restringirlas. “Debería ser estimulando la conciencia ambiental con educación. La clave es que sea desde los niños y no de esperar que por un cobro modifiquemos la cultura de la noche a la mañana”, comenta el vecino.
Hay quienes consideran este impuesto como una estrategia válida, y otros que creen que no es la manera de desestimular el uso de bolsas plásticas. Pero lo cierto es que, como usted habrá notado en sus facturas, desde que comenzó este mes, los supermercados le están cobrando $ 20 más por ellas y ese precio seguirá subiendo $ 10 cada año, al menos hasta el 2020, cuando llegue a $ 50.
Este nuevo impuesto se enmarca en la más reciente reforma tributaria, que es la Ley 1819 de 2016. Según la norma, las personas que deben meterse la mano al bolsillo para pagar son aquellas que decidan usar bolsas plásticas con la finalidad de cargar o llevar los productos adquiridos en el establecimiento de comercio.
Tenga en cuenta que el impuesto se paga por cada bolsa, y no en todas partes se lo pueden cobrar. Solo deben recaudarlo aquellos establecimientos que pertenezcan al régimen común del IVA y no quienes formen parte del simplificado. Estos últimos, según explica Juan Fernando Pulgarín, abogado tributario de Fenalco Antioquia, son los que cumplen los requisitos definidos por el artículo 499 del estatuto tributario, como haber obtenido en el último año ingresos totales provenientes de la actividad inferiores a $ 104 millones.
Pulgarín afirma que los comerciantes están en un proceso de adaptación a los cambios de la última reforma, que contempla más de 300 artículos, entre ellos, los llamados impuestos verdes. En las visitas a los establecimientos se ha visto, según el abogado, que los procesos de empaque se han vuelto un poco más lentos porque las personas que desarrollan esta tarea no están acostumbradas a poner todo en las bolsas de gran tamaño que lleva la gente.
“Algunos incluso manifiestan cierta preocupación porque temen que por el peso se estropeen sus alimentos”, comenta el vocero de la asociación de comerciantes y añade que “se ha detectado falta de socialización y pedagogía por parte del Gobierno nacional”.
Juliana Gutiérrez, fundadora del proyecto Ciudades Bajas en Carbono, opina que estas medidas coercitivas son importantes, pero no pueden quedarse ahí, sino que deben ir acompañadas de educación orientada al cambio de conductas y para ella esto no solo se logra con volantes o propogandas, sino con estrategias para que las personas interioricen la información, se den cuenta de los problemas y reconozcan su parte en el cambio.
“Es importante que el impuesto haya posicionado el tema del consumo de plástico en la agenda pública y que Colombia entre en esa onda de protección al ambiente, pero si no se suma educación, simplemente el que tenga con qué paga la bolsa y sigue teniendo el mismo comportamiento”, comenta la activista.
Por eso Gutiérrez invita a que la comunidad se informe sobre el impacto del plástico en el ambiente y sobre por qué es importante comenzar reduciendo el uso de las bolsas. La problemática de fondo sigue siendo el consumo responsable y el primer paso para este, según Gutiérrez, es pensar si realmente necesitamos todo lo que compramos.
Este mes el Gobierno nacional expedirá la reglamentación para este y otros artículos de la nueva reforma tributaria. En ella se aclararán algunos asuntos, como las características que deben tener las bolsas biodegradables y reutilizables por las que no se cobrará impuesto. Además se espera que se haga explícito el fin del dinero recaudado, que, aunque por ser impuesto no debería tener una destinación específica, podría considerarse teniendo en cuenta la razón de ser de la ley.
Falta claridad sobre la destinación del dinero que se recaude con el impuesto
Jesús Oswaldo Velásquez, doctor en Ciencia Forestal e Ingeniería de Recursos Naturales
La esencia y el espíritu de la ley son sanos y de pronto el hecho de que la gente tenga que pagar ayuda a generar más conciencia. Ahora bien, desde el punto de vista del recaudo del impuesto hay falta de claridad, porque si se está recogiendo un dinero por “contaminar” o por el impacto que puedan tener esas bolsas, aún no se sabe a qué se destinará ese dinero.
Las proyecciones hablan, dependiendo del escenario de disminución del consumo de bolsas, de entre $ 93.000 y $ 145.000 millones al año recaudados por este uso; la destinación de esos dineros pueden ser un gran problema, porque sabemos que tenemos problemas severos de corrupción y ese podría ser otro foco. Lo más sano sería que se revirtiera en el ambiente, que se invierta, por ejemplo, en investigación en las universidades, en proyectos con entidades y asociaciones ambientales, en la restauración de ecosistemas y en educación y concientización ambiental. Ese sería el efecto lógico que debería tener el recaudo.
Hay un desfase entre la vida útil de las bolsas plásticas y el tiempo que tardan en degradarse, y aunque hay quienes tienen la costumbre de reutilizarlas, hay otras personas que piden una por cada producto y terminan desechándolas, entonces terminan en la basura, en los parques, en las mangas, en el bosque, en el río o en el mar, y se han comprobado los efectos dañinos que tienen sobre los animales que viven allí.
Al final la intención es dar cumplimiento a la Resolución 0668 del 28 de abril del 2016, que busca eliminar las bolsas que estén por debajo de la medida de 30 centímetros por 30 centímetros y esas son las más comunes en las tiendas de barrio, que no cobran este impuesto. Ampliar la ley a esos expendios sería muy complicado, porque el control sería complejo, pero finalmente se trata de que también allí hagan un uso más eficiente de esas bolsas.
Por Jessica Serna Sierra.
jessicas@gente.com.co