“No son solo apartamentos, somos personas”: propietario de Bernavento

No son solo apartamentos, somos personas propietario de Bernavento

“No son solo apartamentos, somos personas”: propietario de Bernavento

Un propietario de un apartamento en el edificio Bernavento envió una carta a Gente en la que cuenta su experiencia y se solidariza con sus vecinos evacuados.

Hasta la noche del 12 de abril, el vecino Luis Fernando Urquijo tenía el negocio perfecto: había conseguido un local para su estudio de grabación justo en el primer piso del edificio Bernalejas, donde vivía desde el 2011.

Ese era el sitio en el que resurgiría su empresa Electrolíquido, que hasta el año pasado estuvo funcionando en la 80. Con un préstamo en el banco adecuó lo necesario para comenzar a trabajar. Estaba pintando el lugar, preparándolo para la inauguración que sería el lunes siguiente, cuando llegaron a avisarle que tenía media hora para subir a su apartamento, sacar algunas cosas e irse, porque el edificio Bernavento, contiguo al suyo, corría riesgo de caer.

Sacó una maleta de mano con alguna ropa y su computador principal. Esa noche durmió sobre unas cobijas en la casa de una amiga, porque no tiene familia a la cual acudir, y al día siguiente regresó a Bernalejas para preguntar cuándo podían regresar él y sus 2 compañeras de trabajo. No encontró respuesta inmediata, pero más tarde supo que su tiempo fuera de casa y con el negocio sin producir se extendería aproximadamente a 2 meses.

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Algunos de los inquilinos optaron por sacar sus electrodomésticos e irse a otro lugar, pero Luis Fernando no lo hizo. En parte, porque hace 1 año comenzó a sufrir ataques de epilepsia, producto de un accidente que tuvo cuando era adolescente, y teme que los nervios lo lleven a vivir uno de estos episodios.

Las deudas con los bancos siguen sin dar espera, pese a que Luis Fernando les ha informado sobre el estado de calamidad pública que declaró el alcalde Federico Gutiérrez el 13 de abril. “Me dicen que no importa… Yo me pregunto por qué la gente no es buena, en mi trabajo he tratado de ayudar a las personas, y a nosotros nos tratan como si fuéramos los delincuentes”.

El vecino comenzó a pedir ayuda a sus conocidos mediante un video publicado en su cuenta de Facebook y apareció un hotel de Laureles que le ofreció hospedaje por 3 días. Después de ese término comenzó a trabajar en el video institucional del lugar y en sus redes sociales, para continuar pagando la habitación.

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Los propietarios de Bernavento
Pero esa no fue la única respuesta que tuvo la publicación de Luis Fernando. Al periódico Gente llegó un documento titulado “Carta abierta”, en el que una persona que dice ser propietaria de Bernavento se solidarizó con el dueño de Electrolíquido y narró el drama que ha vivido desde junio de 2016, cuando tuvo que dejar su casa.

El texto no estaba firmado y, aunque este medio trató de contactar al remitente, no recibió respuesta. Sin embargo, nos permitimos reproducir en estas páginas algunos apartes.

“Entiendo que no es fácil estar en su situación, no debe ser fácil salir de la vivienda y del estudio de un momento para otro, como tampoco es sencillo pedir ayuda”. “No puedo brindarle apoyo de ningún tipo, pues yo también fui desalojado. A diferencia de usted, hace 1 año y medio, tiempo durante el cual he tenido que pagar arriendo en otro lado“, dice la carta.

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El remitente comenta que desde ese momento tiene una parte de sus muebles en el cuarto útil de un amigo, y la otra, en la casa de un hermano. Y también ha tenido que pagar la cuota del apartamento, los servicios y el predial.

Dice en el texto que compró su vivienda con los ahorros de toda la vida, un CDT y las cesantías: “Todo lo que viví y trabajé está ahí”. Además, señala, hizo un préstamo con otra entidad y con un hermano para pagar la cuota de la repotenciación y los procesos legales contra los constructores que no volvieron a aparecer.

“Para mí la noticia no es que no puedo regresar a mi casa en 2 meses. Para mí la noticia es que mi casa va a ser demolida“, escribe el vecino. “Me gustaría tener esa fuerza para hablar y para luchar. Nosotros no hemos comido en días. No nos pasa (…). Ayer pasé el día con un vaso de agua. Hacía la fila para el transporte y lloraba. Miraba televisión y lloraba. Hablaba con alguien y lloraba. No he dormido (…)”.

El remitente indica que en el momento vive en la casa de un hermano y agrega: “Usted tiene razón en lo que publica: no son solo apartamentos, somos personas. Tenemos el alma demolida, el corazón agrietado y nuestra sicología hecha escombros”. La carta concluye diciendo: “A ustedes les queda lo más importante: la esperanza, las expectativas y la posibilidad de seguir, a nosotros, una deuda de 12 años más con el banco”.

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Procesos judiciales estancados
Diego Uribe Villa, abogado experto en Derecho Inmobiliario que conoció los casos de algunos propietarios de Bernavento, dijo que desde hace 6 y 8 años se interpusieron acciones legales que “lamentablemente no han podido avanzar”.

En una de ellas, según explicó, se demandó al Municipio de Medellín por una falla en el servicio, “fundamentada en que este debe ejercer el control urbanístico y de planeación de las obras que generen los particulares, para efectos de proyectos de vivienda”.

El abogado señaló que a partir del momento en que se otorga la licencia de construcción, esta debe tener un veedor o control de cumplimiento frente aspectos técnicos y de cumplimiento normativo. No solo en el momento en que se presentan los planos, sino también cuando se revelan patologías, como la que se identificó en el edificio Bernavento.


Además hay acciones civiles y penales contra las promotoras Bernavento y San Felipe (socias constructoras de la edificación), que, de acuerdo con el abogado, no han podido avanzar porque los constructores no aparecen.

Uribe Villa advirtió que esa es una de las críticas que hoy se le hace al sistema judicial respecto a la norma que regula el tema urbanístico, inmobiliario y constructivo de Colombia, pues se les permite a las constructoras “crear empresas de papel”, por vigencia específica de ejecución del proyecto, y dejan de lado la responsabilidad en asuntos estructurales, que debe ser de 10 años.

Entre las indemnizaciones que podrían derivar de estos procesos, se contempla el valor del inmueble “debidamente actualizado”, lo que quiere decir que se tendrían en cuenta los daños emergentes (gastos de repotenciación, abogados, interventorías) y el lucro cesante. El abogado afirmó que el deseo de las familias “es recuperar su patrimonio, porque ha sido un proceso lento, doloroso y sin resultado eficaz”.

Por Jessica Serna
jessica@gente.com.co