¿Y entonces quién pagará el derribamiento de Bernavento?

Medellín se prepara para la implosión del Bernavento

¿Y entonces quién pagará el derribamiento de Bernavento?

Los copropietarios del edificio afectado le piden a la Alcaldía de Medellín que descarte la posibilidad de cobrarles a ellos el costo del derribamiento.


El miércoles 9 de mayo la secretaria general de Medellín, Verónica de Vivero, afirmó que los $ 2467 millones que costará el derribamiento del edificio Bernavento los pagará “quien haya sido el responsable de los daños” y eso tendrá que determinarlo un juez.

El pronunciamiento se dio 3 días después de que los 48 copropietarios del edificio que presenta fallas estructurales se manifestaran por medio de una petición en internet, que ya suma cerca de 6.400 firmas, para que no sean ellos quienes asuman el costo del procedimiento.

Gente se comunicó con una de las copropietarias, quien explicó que en reunión privada la funcionaria les dijo que “por ser recursos públicos el cobro se tiene que trasladar a alguien, y la norma dice que puede ser al poseedor o propietario del inmueble”.

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Fue una noticia devastadora, triste y preocupante, porque ya venimos cargando una cruz dolorosa que es habernos ido de nuestros hogares, y aparte nos salen con otra perla diciendo que posiblemente podemos pagar la implosión”, comentó.

En la declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria de la Alcaldía hizo énfasis en que “en ningún momento al Municipio le interesa hacer el cobro o lo hará exclusivamente a la copropiedad” y afirmó que el interés principal es que “a estas personas se les resarza el perjuicio que han sufrido y que como Estado tenemos la responsabilidad de cobrar lo que para nosotros podría ser un detrimento patrimonial“.

De Vivero explicó que la Administración municipal, que pagará inicialmente el derribamiento por el decreto de calamidad pública, está obligada a interponer acciones judiciales y será un juez quien después de una imputación de responsabilidad determinará quiénes deben responder por los perjuicios derivados de las fallas estructurales de la edificación. Al respecto la copropietaria de Bernavento advirtió que el propósito de la petición es que la Alcaldía les dé la seguridad de que ellos, como afectados, no quedarán implicados en el cobro.

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Por otro lado, la vecina afirmó que la acción de grupo y el proceso penal contra los desarrolladores del proyecto y contra la Alcaldía “están quietos hace 3 años”. “Lo último que se supo fue que el juez del proceso administrativo se declaró impedido porque tenía relaciones de amistad con los demandados“.

Sobre este asunto conversaron el viernes 11 de mayo con el director seccional de Fiscalía de Medellín, Raúl González Flechas, quien afirmó que daría celeridad a los procesos. “Hay conversaciones sobre lo que haremos con el lote, es lo único que nos queda, pero estamos en un desasosiego, no podemos tomar la decisión porque estamos pendientes del cobro de la implosión”, agregó.

Otro de los anuncios de la Secretaría General de Medellín fue que la Superintendencia de Industria y Comercio ya comenzó una investigación sobre el caso. Esta entidad tiene facultades administrativas y jurisdiccionales, que le permitirían sancionar al productor por no cumplir las normas de protección al consumidor y actuar como juez en materia de consumo.

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Mateo Pélaez , abogado de la UPB, especialista en responsabilidad civil y seguros de Eafit, con estudios en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario, explicó que en este tipo de casos se combinan asuntos jurídicos y prácticos. Los primeros son esos procesos legales de responsabilidad civil, “que son demorados”, y los segundos, los referentes a la implosión, que debe ser inmediata.

“El problema práctico es que habría que esperar a que se resuelva el proceso civil, que haya una sentencia que los condene y después hacer materializar esa sentencia con un cobro”, señaló el abogado y agregó que esto no siempre es fácil, porque en ese punto es probable que el desarrollador declare que ya no tiene plata.

Para llegar a ese punto el juez tendría que determinar si los constructores son responsables o no, y después de eso, si no acceden a una conciliación o transacción para indemnizar a las víctimas y se declaran sin fondos, sería el mismo juez quien resolvería su insolvencia. “En ese momento habría que mirar qué recursos hay disponibles para el pago, se tomarían los activos del deudor para pagar con ellos los pasivos”. En primer lugar se intenta vender los activos, y si no se puede, se adjudican en la proporción que corresponda.

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Por otro lado, Pélaez recalcó que eventualmente podría haber también una responsabilidad del Municipio, pues por medio de las figuras de las curadurías urbanas es este el encargado de conceder las licencias y verificar que los proyectos cumplan con las normas urbanísticas y de construcción vigentes.

“Ellos deben verificar que los planos que se les presentan cumplan con las normas legales y técnicas correspondientes. No en todos los casos el curador debe entrar a responder, pero hay que determinar si hubo omisión o no”, comentó el experto. En el caso de Bernavento habría que evaluar cómo fue el trámite y qué documentación se entregó para los permisos. Las fallas en esas labores de vigilancia y control fue lo que demandaron en una de sus acciones los copropietarios de Bernavento.

Sobre esto la secretaria general de Medellín aseguró: “Hay que separar dos cosas: un asunto es que seamos demandados, ahí tendremos que defender que hicimos esas actuaciones de vigilancia y control y que en ningún momento se generó una omisión por parte de la Administración que generara alguna afectación para estas familias. Lo otro es el drama social que ellas viven, independiente de que seamos demandados por ellos, nosotros no los vamos a dejar solos”.

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Por Redacción Gente
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