Empresarios del Lleras se sienten perseguidos por las autoridades
Los controles de la Alcaldía de Medellín han llevado al cierre de 10 establecimientos. La Secretaría de Seguridad reportó intervenciones en 30 negocios por droga, licor adulterado y armas.
El 18 de junio, en el Parque Lineal La Presidenta, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el plan de intervención integral en El Poblado.
Durante la presentación el mandatario se refirió a la captura de John Fredy Yepes Hoyos, de 38 años, alias Clemente, ocurrida el día anterior en la vía Las Palmas, en jurisdicción del municipio de Envigado. De acuerdo con el alcalde, las autoridades estarían investigando un establecimiento comercial en el Parque Lleras que pertenecería a Clemente.
Para Claudia Ramírez, vicepresidente de la Junta Administradora Local de la comuna 14 y quien estuvo presente en la presentación por parte de la Administración municipal, el hecho de que el alcalde hubiera sido incapaz de señalar directamente al establecimiento relacionado con este integrante de la Oficina tendía un manto de duda sobre todos los empresarios y comerciantes del Parque Lleras.
A su juicio, el señalamiento de Gutiérrez se suma a la presión que ha ejercido su administración sobre los comerciantes de la noche no solo en el Lleras, sino en toda la ciudad. Pero en el caso del Parque Lleras, la presión ha sido particularmente fuerte.
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“Una persecución”
Juan Pablo Valenzuela es un empresario. Administra junto con su papá una discoteca. En una reunión con funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para socializar el plan de intervención integral de El Poblado, Valenzuela salió al tablero y con una exposición corta explicó a los asistentes una preocupación de los empresarios.
De acuerdo con él, temen que los quieran sacar del parque para facilitar el negocio. En el mismo sentido se expresó Luis Guillermo Orjuela, presidente de la Corporación Zona Rosa, quien sostuvo que hay una serie de rumores que señalan a la Alcaldía de querer sacarlos del parque.
A su juicio estos rumores serían perjudiciales, bien sea si resultan ciertos o no, ya que en ambos casos minarían la credibilidad de la Alcaldía frente a la comunidad. Sostuvo además que el temor de Valenzuela y los demás empresarios agremiados se fundamentan en la presión de las autoridades.
Es tal que durante los últimos meses han sido cerrados 10 establecimientos, dejando pérdidas por $ 15.000 millones y más de 400 trabajadores despedidos, según los cálculos de la Corporación Zona Rosa. Esto como consecuencia de los controles en los establecimientos, que tanto Valenzuela como Orjuela califican como “intensos”.
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Juan Pablo Valenzuela sostiene que la relación con las autoridades no era así de tensa antes. Con el programa Rumba Segura, cuenta Valenzuela, los comerciantes recibían capacitaciones por parte de la Alcaldía en materia de atención al cliente, reconocimiento del licor adulterado, ruido, sanidad y bomberos.
Pero todo esto cambió con la entrada en vigencia de los decretos 889 y 890 de 2014 de la Alcaldía de Medellín, los cuales permiten la extensión del horario hasta las 2 o 4 a. m. A ello se le sumó la entrada en vigencia el 1.° de enero del 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia. “Este es un código mucho más exigente con el comerciante y que le entrega facultades exorbitantes a los agentes de Policía“, dijo.
El empresario cita el artículo 87 del Código, que establece que cualquier establecimiento debe cumplir con la normatividad de los usos del suelo, bomberos, sanidad, pagar derechos de autor, registro ante Cámara de Comercio al orden del día.
Si bien Valenzuela afirma que estos requisitos no son nuevos, algunos resultan difíciles de cumplir. Tal es el caso de las visitas de sanidad, que se solicitan, pero pueden demorarse más de 6 meses hasta que efectivamente se llevan a cabo.
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Lo grave es que, según Valenzuela, el comerciante podía aducir que tenía el radicado de la solicitud de la visita, pero algunos agentes podían cerrar los bares, discotecas y restaurantes por no tener el certificado. Los roces también se presentaban por el pago de derechos de autor y el registro mercantil, entre otros.
“Con cada uno de los requisitos había choques y problemas” entre los empresarios y los agentes que, según Valenzuela, llegaron a presionar a los administradores. Los operativos en el Lleras multiplicaron los choques.
De acuerdo con el empresario, el código estableció que la primera instancia para los procesos sancionatorios de los establecimientos son los comandantes de Cai o estación de Policía. Ellos son los autorizados para imponer las sanciones pecuniarias o cierres que establece la ley. La segunda instancia era el inspector.
Valenzuela sostuvo que durante los operativos en el Parque Lleras hacía presencia el inspector y era este quien les decía a los uniformados qué sanción debían imponer, lo que, a juicio del empresario, viciaba el debido proceso sancionatorio. Agregó que justo en la cuadra de su negocio hay otra discoteca en la que el dueño se ha quejado de operativos cada 8 días. Esto somete a los dueños de los negocios a una presión que lleva a Valenzuela a decir que lo que está pasando en el Lleras “es una persecución con disfraz de legalidad”.
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¿Y hay tal presión sobre todos los empresarios? Juanita Cobollo preside la Corporación Barrio Provenza, que agremia a los empresarios de ese sector. A la pregunta si ha habido cierres en esta zona, ella dijo que no y agregó que el trabajo con las autoridades ha sido armónico a tal punto que Convive la Noche, el programa de la Alcaldía para los establecimientos, los “felicitó porque en vez de cierres ha habido aumento de horarios por el buen comportamiento; nada de cierres temporales o totales”, aseguró.
Secretaría de Seguridad responde
Andrés Tobón, secretario de Seguridad, dijo que en el Parque Lleras encontraron una situación “deplorable, no solamente en el espacio público con la venta y consumo de drogas y la prostitución, sino también en los establecimientos”.
El funcionario sostuvo que a la fecha han intervenido 30 negocios en los que “se había comprobado incluso la venta y consumo de sustancias psicoactivas, la presencia de armas de fuego, la venta de licor de contrabando”.
Tobón dijo que inclusive encontraron que la Y de la 38 se “había convertido en el punto más ruidoso no solo de la ciudad, sino del país, y eso daba de una falta de compromiso muy grave por parte de algunos comerciantes de este sector”.
Agregó que con los empresarios “que se han venido comportando muy bien, venimos trabajando no solo en el Parque Lleras, sino también en Poblado Centro”, concluyó.
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Por Álex Esteban Martínez
alexm@gente.com.co